CEDRO ha demandado a la Universidad Carlos III de Madrid por infracción de la propiedad intelectual. No hace mucho que hablábamos por aquí de la espinita que tenía clavada la entidad de gestión de derechos de autor en el sector del libro desde los tiempos de la fotocopiadora, y ahora esa espina se ha transformado en una siniestra estaca con la que atentar contra el derecho a la educación.
La demanda viene porque la Universidad, dicen, ha copiado obras de sus autores y editores, subiéndolas sin permiso legal al campus virtual para que los alumnos puedan estudiar con ellas. CEDRO ha pedido al juez que declare que se ha producido una “infracción de derechos de propiedad intelectual”, además de una indemnización, sin que se sepa de cuánto estamos hablando.
Además, CEDRO tiene preparada alguna otra demanda de este corte, sin que se sepa todavía a quién le tocará el próximo regalito del amigo invisible. Eso sí, cuando se les pregunta, dicen que no quieren entrar en una batalla legal contra las universidades españolas, y que solo pretenden regular las obras de sus socios cuando se suben a campus virtuales. Los números que presenta la entidad hablan de unas pérdidas anuales de unos 8,2 millones de euros.
Y ahora viene el momento de las risas. Resulta que la motivación de CEDRO no es el dinero, no. Dicen que lo han hecho para llamar la atención sobre el problema. Un problema que se remonta a muchos años atrás y que desde 2005 se ha intentado subsanar sin que CEDRO ponga demasiado de su parte. Desde aquel año, los rectores de las universidades han querido saber qué autores exactamente eran aquellos a los que representaba la entidad. ¿Alguien adivina la respuesta? Bingo, no la hubo. Y los rectores dijeron que muy bien, pero que si no saben por qué hay que pagar, pues no pagan.
O sí, porque también se ha sabido que las universidades se dejan cada año 130 millones de euros en concepto de suministros de documentación, de los cuales una parte van para derechos de autor, unos derechos de autor que, por otra parte, no perciben los 100.000 profesores universitarios que son autores de sus obras académicas y por cuyos derechos de autor nadie, y mucho menos CEDRO, se ha interesado jamás.
Vía | El País
