Los policías detienen. Los jueces desestiman años después. Los alarmistas titulares de ayer o pena del telediario quedan como prueba del poder del viejo lobby de antes de Google en las más altas instancias de la seguridad de Estado a la hora de aplicar los resquicios legales, enviar a la policía y poner el ribete propagandísitico (vía gabinete de comunicación) para adornar la nota de prensa como si de un comunicado de la SGAE (o de su seguridad privada) se tratase.
El daño causado en España por la piratería ha adquirido proporciones únicas en Europa y las descargas ilegales a través de Internet constituyen la mayor amenaza en la protección los derechos de la propiedad intelectual, desbancando a la falsificación.
Ahora, otro de esos casos tan “alarmantes” ha sido definitivamente archivado después de un largo, penoso y costoso períplo judicial. Indicedonkey, tres sobreseimientos y ahora el archivo definitivo, contra el que no cabe recurso, por no existir comunicación pública ni ánimo de lucro directo, dos de los requisitos para considerar delictiva la actividad de los sitios de enlaces. La sentencia insiste: “los responsables de la página no realizan de forma directa actos de comunicación pública de obras protegidas por la LPI (Ley de Propiedad Intelectual) ya que no alojan en sus archivos los títulos descargados”.
La Audiencia Provincial también viene a confirmar en su auto que no existe ánimo de lucro directo en tanto que la retribución que obtienen los administradores de la página no compensa la descarga de los títulos, sino la publicidad derivada del acceso genérico a la página, que es independiente de ésta y que se puede producir aunque no haya descarga.
Pero además este caso pretendía involucrar en la causa penal no únicamente a los webmasters denunciados, sino también a sus proveedores de hosting, tal y como informan desde el Bufet Almeida que defendió a los propietarios del servidor.
Una estrategia que, vista con perspectiva histórica, no era sino un anuncio de lo que estaba por venir. Mediante la argucia procesal de intentar responsabilizar a los intermediarios, se escondía un objetivo mucho más ambicioso: acabar a cualquier precio con la neutralidad de la Red.
La denuncia además de AGEDI y Laurent Films la presentó EGEDA. La entidad presidida por el productor, ex socio de Jesús Gil y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Corría el año 2006 y José Antonio Alonso estaba a punto de pasarle los trastos de Interior a Rubalcaba. Entonces, como ahora, Víctor Domingo denunció lo evidente. Pero aquello ya era la España golferas del poder y las élites que es hoy. Aquí las grandes empresas son pilladas pagando comisiones y sus poderosos propietarios ni son detenidos ni llamados a declarar más bien son llamados a la Moncloa para salvar España y encima siguen concursando y ganando. Viva la Gürtel y la partitocracia nacional.
Por eso cuando políticos, altos funcionarios, creadores, productores y lobbistas salen hablando de “piratas” (siete millones dicen ahora) la gente se acuerda del verdadero saqueo de España y de los verdaderos piratas, que de tanto especular con el suelo han hipotecado a una generación de españoles y hundido la economía familiar (y nacional). Una minucia comparado con las descargas que el presidente quiere erradicar.
¿Qué fue, por cierto, de aquel Director General de la Policía que presumía de detener “piratas” por el bien de España y que se llamaba Víctor García Hidalgo?. Ahí lo tienes. Vaya tropa. Sin olvidarnos de Mesquida, que después se haría con plenos poderes en estos menesteres de la lucha contra la piratería bajo la supervisión del favorito del embajador de Bush en España.
Más Información | Auto de archivo Caso Indicedonkey (Megaupload)