“El afán confiscatorio, que no recaudatorio, de la SGAE muerde el polvo en los tribunales, mientras la cartera de González-Sinde pierde aún más enteros en el ranking de seriedad”, puede leerse en el editorial de El Economista, que pone el acento en el endémico mal de la chapuza en este caso gubernamental:
... la Audiencia Nacional ha declarado nula de pleno derecho la regulación íntegra de la tasa porque su desarrollo careció de los requisitos formales preceptivos, entre ellos, el dictamen del Consejo de Estado. El Gobierno debería ser más prudente al legislar. El pretexto de González-Sinde – que la orden tumbada había que modificarla en cualquier caso – suena a un alegato de la chapuza.
El varapalo “tridimensional” de Ignacio Escolar: injusto, ilegal e inútil, secunda el argumento de la chapuza que hace El Economista y la mayoría de medios y blogueros: “El canon, según la Audiencia, es también una ley ilegal, que se aprobó con gravísimos defectos de forma, sin cumplir todos los trámites necesarios. Es una chapuza de principio a fin”.
Más allá de lo que digan los tribunales, el canon injusto e ilegal es también el canon inútil: un fracaso que ha provocado más problemas que beneficios incluso para los propios creadores. No ha ayudado a la industria cultural a hacer esa transición hacia el futuro, sino que la ha complicado. Se ha convertido en la gran excusa popular para la piratería, en la justificación para las descargas.
El editorialista de El País matiza: “El canon sigue siendo legal en España. Lo que debe corregirse es el procedimiento que implanta sus tarifas”. Un canon mal abrigado es el título del editorial del periódico de PRISA. ABC es más concluyente a hora de elegir titular: “El fin del canon” y también más combativo en su desarrollo:
Pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional se limita a poner de manifiesto los defectos de forma de la orden ministerial que habilitó el canon digital, su publicación confirma la arbitrariedad —en el fondo y también en las formas— de un tasa creada a favor de un gremio y en contra de la mayoría de los ciudadanos.
En el El Diario Vasco a la chapuza la llaman “desidia” en un editorial que titulan Canon del revés en que se destaca “el hecho de que el Gobierno soslayara algunos requisitos obligados en la elaboración de la ley, como la petición de dictamen al Consejo de Estado” que “sugiere cuando menos una desidia impropia con cualquier texto normativo”, además continúa el diario vasco de Vocento, “la actitud ahora sancionada por los tribunales ha provocado una indeseable inseguridad jurídica, que el Ejecutivo debe resolver a la mayor celeridad posible.
La reglamentación del canon no ha diluido el debate en torno al grado de protección que debe tener la propiedad intelectual en una sociedad que aspira a disfrutar a coste asequible de las potencialidades de las nuevas tecnologías. Pero el Gobierno difícilmente se cargará de razones si no vela, al menos, por la seguridad de las leyes de aplicación general.
Pepe Cervera considera la lógica de la actual protección del Derecho de Autor se ha quedado obsoleta y debe ser reemplazada. Por eso aparecen los conflictos actuales y las abiertas contradicciones. El canon no es una enfermedad, sino un síntoma: una prueba más de que las raíces de lo que se ha dado en llamar ‘propiedad’ intelectual están podridas”.
Juan Varela recuerda que “cuando media Europa debate licencias públicas o tasas planas para compensar los contenidos distribuidos en las redes digitales, los dueños de los derechos restringen la oferta y acuerdan precios para sostener un mercado a menudo abusivo sin que los políticos reformen una propiedad intelectual sobrepasada por el consumo y la tecnología”. Otro dardo de Varela apunta al corazón de Ferraz o más bien de la Moncloa:
El canon ha sido el peor error digital del Gobierno del PSOE, como reconocen muchos responsables socialistas.
Carlos Sánchez Almeida anticipa la esquela de un paciente (o dos) en estado terminal. “El canon digital, en su actual configuración, está herido de muerte. Si no puede cobrarse a personas jurídicas, y tampoco sobre los discos y memorias más utilizados por los consumidores, tampoco sirve para los fines recaudatorios exigidos por las entidades de gestión. Es imprescindible abordar de inmediato una reforma integral de la propiedad intelectual: el gran problema es saber si el actual Gobierno dispone de la autoridad política necesaria para llevarla a cabo, o se encuentra en una fase tan terminal como el propio canon digital”.
En Libertad Digital no tienen clara “la razón por la que Zapatero mantiene en el cargo a Sinde”. Los socialistas tampoco.
En Nación Red | Ex tunc [Josep Jover y la anulación del canon digital]