Gordon Brown ha aprovechado la disolución del parlamento para someter a un proceso de aprobación especial una ley profundamente represiva y dirigida a controlar y penalizar el uso de la red. Esta misma noche pasaba la segunda prueba al recibir el apoyo de los conservadores en la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley irá ahora a la fase de comisión y luego a una tercera lectura mañana por la tarde antes de ser convertido en ley.
Este proceso de aprobación abreviada, en opinión de muchos, ha impedido un verdadero debate y un largo escrutinio parlamentario que probablemente la tiraría abajo, o al menos muchas de sus pretensiones, pues la oposición en principio no parecía dispuesta a dejarla pasar tal y como está. Más allá del "desprecio" a la voluntad popular que se expresará en las elecciones de mayo.
Los liberal-demócratas no apoyan la ley y han criticado duramente el procedimiento de urgencia. A las críticas del "tercer partido" se han unido algunos parlamentarios díscolos de la bancada laborista y conservadora como Tom Watson y Roger Gale, respectivamente. Pero la Digital Economy Bill cuenta sobre todo con una fuerte oposición en la sociedad civil: desde grupos de internautas a grandes empresas como Google o Facebook. Por el contrario el lobby de los derechos de autor aparece como el "gran poder" capaz de forzar la agenda del primer ministro.
La Digital Economy Bill prevé el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos con copyright. Obligará a las proveedoras de servicios de Internet a vigilar a sus usuarios para detectar si descargan archivos protegidos y, en caso de que lo hagan, avisar a los titulares de los mismos. Si un proveedor se niega a cumplir estas normas se arriesga a ser sancionado con una multa de hasta 250.000 libras (unos 280.000 euros).
La ley incluye disposiciones muy similares a la legislación francesa en materia de desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada material con derechos de autor. En primer lugar se realizararían una serie de avisos para pasar luego al corte de Internet e incluso a la imposición de multas de hasta 50.000 libras (unos 56.000 euros).
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