El juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha absuelto al comerciante de esta localidad al que la compañía Nintendo acusaba de delitos contra la propiedad intelectual e industrial y del descubrimiento y revelación de secretos por vender en su establecimiento cartuchos que permiten modificar la función originaria de la consola Nintento DS. La multinacional pedía 23 años de cárcel.
El juez, sin embargo, entiende que si bien es cierto que los cartuchos intervenidos solo pueden ser utilizados en al consola Nintendo, no lo es menos que "estaban desprovistos de software alguno, por lo que difícilmente se podía conseguir la supresión no autorizada o la neutralización de los dispositivos técnicos utilizados para proteger el programa de ordenador que contiene el juego o producto informático comercializado por Nintendo".
"Debe concluirse que la conducta del acusado no se ajusta a la previsión típica contenida en la ley penal", sostiene la sentencia en lo que respecta a la acusación de delito contra la propiedad intelectual. Por lo que se refiere a la acusación del delito contra la propiedad industrial, el juez no ve delito y recuerda que los cartuchos importados tienen la "diferencia" de estar dotados de una ranura para la inserción de tarjetas. La sentencia tampoco considera que haya delito contra la propiedad industrial, entre otras cosas porque se desconoce el mecanismo criptográfico que tienen las consolas y los cartuchos de Nintendo. Niega también que exista un delito de descubrimiento y revelación de secretos y el juez insiste en que el acusado desconocía el contenido informático de los cartuchos importados. "No puede saberse si albergan secretos o información reservada de la empresa".
Para Carlos Sánchez Almeida, abogado del comerciante absuelto, esta era “la sentencia más importante sobre comercialización de cartuchos, en un sentido u otro, ya que hasta ahora no se había entrado al fondo del asunto”. Durante el juicio el fiscal llegó a comparar el software libre con la piratería, asegurando que el software libre “esconde muchos intereses comerciales ocultos”. La Fiscalía también pedía prisión para el acusado, aunque rebajó la petición a un año y nueve meses.
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