Después de la<strong> persecución de los miembros de la plataforma</strong>, las identificaciones y acusaciones infundadas, el juez instructor, <strong>Santiago Pedraz</strong>, rectifica en torno a su actuación; que pasó por la <a href="http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juez-pedraz-anula-orden-identificar-ingresaron-dinero-25-s/csrcsrpor/20121003csrcsrnac_8/Tes">fiscalización de las cuentas de los organizadores</a>, <strong>direcciones IP</strong> y el <strong>rastreo de su actividad en Twiter y Facebook</strong>, y amparando el derecho a la libre expresión pasa al <strong>archivo del caso</strong>.
La desproporción de todas estas medidas, junto con la actuación policial y la criminalización de una convocatoria pacífica por parte de los medios afines al PP, consiguieron un <strong>efecto revulsivo</strong> que incrementó la presencia popular en la convocatoria del <strong>26-S</strong> y, sobre todo, el <strong>29-S</strong>.La acusación respecto a atentado contra las Instituciones del Estado, resultaba a todas luces un despropósito.
La <strong>repercusión mediática internacional</strong> sería abrumadora, a pesar del denunciado acoso a periodistas internacionales, a los que la policía trataba de no reconocer, aun mostrando el <a href="http://www.radiocable.com/corresp-canert-prensa736.html">carnet de prensa</a>, expedido por el propio Ministerio de la Presidencia.
Repasando los hechos:
Desde el pasado<strong> 14 de agosto</strong>, el juez <strong>Pedraz</strong> inicia una investigación a petición de la Policía Nacional, ante la convocatoria de una<a href="https://www.facebook.com/OcupaElCongreso?ref=ts&fref=ts"> manifestación para el 25 de septiembre con el lema "rodea el congreso".</a>
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Pedraz admite la gravedad de los posibles hechos, e inicia la investigación. <strong>localizan a 30 miembros</strong>, de los que imputan a ocho; investigan perfiles en redes sociales de miembros y simpatizantes, junto con la dirección ip desde las que se conectan.
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La petición de datos relativos a las cuentas de <strong>Facebook</strong> y el <strong>correo electrónico de gmail</strong>,, empresas todas radicadas en EEUU, solo es contestada parcialmente. Estas empresas suminstran las <strong>direcciones IP</strong>, pero los departamentos de seguridad de <strong>Facebook y Google Inc</strong> niegan ofrecer mas datos de sus usuarios, remitiendo al Juez de la Audiencia Nacional a que realice una petición formal a la justicia estadounidense, en concreto al<strong><a href="http://www.judicatura.com/Legislacion/1237.pdf"> Tratado de Asistencia Legal Mutua</a></strong> dado el carácter personal de los datos.
El caso de las compañías españolas es bien distinto, dado que un requerimiento por parte de dicho juzgado es suficiente, con lo que, mediante un mandamiento judicial, <strong> Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom, Telefónica y Orange</strong>, suministraron las direcciones IP de los usuarios.
De cualquier modo, esta persecución en la red, ha servido para que los organizadores<strong> busquen nuevas formas de hacer circular la información</strong> por medios no vinculados a empresas, mediante redes distribuidas entre pares como el<a href="https://lorea.org/?lang=es"> proyecto Lorea</a>, del que trataremos próximamente.
Foto | fMoya; radiocable En Nación Red |La Policía solicitó a Facebook y Google que identificaran a los promotores del evento 'Ocupa el Congreso' #25S