La Junta Electoral debe velar por la pluralidad y el derecho a concurrir a las elecciones de los partidos políticos y coaliciones. Por eso son muchas las resoluciones que en el pasado han apelado a este principio para actuar con flexibilidad cuando la Junta Electoral (o los altos tribunales de Justicia) debían pronunciarse en aquellos casos que entraba en conflicto ese principio superior frente a una circunstancia burocrática de carácter menor (y subsanable) que ponía en riesgo el derecho de las organizaciones políticas a concurrir a las elecciones. Un derecho que no debería ponerse en cuestión por la soberbia de un burócrata aferrado al sello y el reloj.
La forma en que la Junta Electoral se ha enfrentado a la reforma de la LOREG que apoyaron los de siempre (PSOE, PP, CiU y PNV) y que obliga a los partidos sin representación a conseguir el aval del 0,1 de los censados mayores de 18 años en cada provincia por la que quieren presentarse (en un plazo de 20 días que tampoco se ha respetado) ha derivado en escándalo (aunque es posible que no salga en los titulares del telediario de hoy).
El resultado final de aplicar la nueva normativa electoral para poner trabas a los partidos pequeños es que la criba ha surgido su efecto y por ejemplo en Madrid se ha pasado de 98 candidaturas a 26 lo que supone una reducción del 75 por ciento con respecto a las últimas elecciones generales.
En Madrid no han sido proclamadas, entre otras, las listas del Partido Pirata, Partido de la Libertad Individual, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Andalucista o el Centro Democrático Liberal. Todas estas candidaturas fueron publicadas en el BOE el pasado miércoles pero hoy aparecen como no proclamadas en la publicación de las candidaturas definitivas.
La Junta Electoral, más papista que el Papá, se pone al servicio de los partidos instalados como lo hace cuando les permite que mantengan sus vallas y demás parafernalia publicitaria durante la jornada de reflexión y como permitirá la exclusión de partidos, con los mismos (o más votos) que otros y que se presentan por toda España, de los debates que ofrecerá TVE. Esa Junta Electoral es la que ha decidido aplicar con mano dura la nueva normativa electoral aprobada por los cuatro partidos instalados (PSOE, PP, CiU y PNV).
Una decisión que ha sorprendido a los representantes legales de los partidos que han visto algunas de sus listas eliminadas del BOE. Algunos de estos partidos preparan en estos momentos recursos por la vía de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y es que la Junta Electoral Central había anunciado el 15 de septiembre que, "en caso de irregularidades en los avales presentados o de insuficiencia de estos, se concedería un plazo de subsanación de 48 horas", pero cuando llegó el momento de "subsanar" también llegó una resolución de urgencia que advertía a los partidos que "la insuficiencia de avales no es subsanable".
De tal forma que los avales considerados no validos por diferentes razones (ilegibles, incompletos, estar censado el firmante en otra circunscripción, no ser mayor de edad...) no podían ser sustituidos por otros avales y únicamente podían ser subsanados los que carecían de algún dato o se consideraron ilegibles por los funcionarios de la Junta Electoral.
El problema es que "se nos ha exigido que fuésemos a buscar a los avalistas que nos firmaron para completar esos formularios sin permitir la entrada de nuevos avalistas y sin darnos ninguna información de cuáles eran esos avales ilegibles o incompletos que teníamos que rectificar", se queja Ramiro Viñuales, coordinador general del PUM+J.
Además algunos partidos con candidaturas excluidas del proceso electoral se quejan de que sin el censo electoral les resulta imposible saber si el avalista que firma y asegura estar censado en la circunscripción correspondiente o bien asegura ser mayor de edad, lo es realmente y está verdaderamente censado allí, lo que imposibilita en último término cumplir el requisito legal. Conviene recordar que uno de los argumentos que utiliza el PP para apoyar la normativa de los avales es que algunas personas con intereses comerciales presentan candidaturas para "hacerse con el censo". Dicho del partido de la alcaldesa, todavía sigue siendo militante del PP, que le llevaba el planito al constructor tiene su miga.
El caso es que partidos como el PUM+J, que presentó listas en 43 provincias hace una semana, ha perdido 19 candidaturas en este trámite de revisión. A destacar también casos como el del Partido Pirata en Castellón que no podrá concurrir a las elecciones por 11 avales que no le han permitido sustituir. También el Partido de la Libertad Individual se ha visto expulsado de las elecciones en Madrid a pesar de conseguir cientos de avales para sustituir los que la Junta Electoral consideró no válidos después de la publicación de la candidatura liberal en el BOE. Un caso que afecta a otros partidos de muy distinto signo como puede ser el de los Anticapitalistas que han visto como les anulan tres candidaturas.
Hoy el BOE publica las listas definitivas de unas elecciones que se rigen por un sistema electoral que vulnera el principio de igualdad ante las urnas (un ciudadano un voto del mismo valor). Si bien ahora son muchos los españoles que están tomando conciencia de ello, el 15-M ha jugado un papel fundamental en este sentido.
Y es que cuando la asignación de escaños no es proporcional al escrutinio de los votos y la Junta Electoral aplica con mano dura la ley que hacen los partidos beneficiados por esa misma ley electoral se acrecienta la indignación de esa inmensa minoría de españoles indignados y convencidos de que les están tomando el pelo con descaro y una soberbia colosal. Aunque los partidos instalados saben que el desencanto y el hartazgo se traduce en abstención, voto en blanco y nulo, lo que juega a su favor y les garantiza más escaños, más poder político y sobre todo judicial, que ahora es fundamental.
Desde algunos de los partidos que han visto "desaparecer" sus listas del BOE se cree que el objetivo de la brutal criba de las minorías es complementar los beneficios extras que la Ley D´Hont ofrece a los partidos con más porcentaje de voto. El BOE de hoy con los "tachones" de las listas no proclamadas inaugura unas elecciones más blindadas que libres. Queda esperar al Supremo y al Constitucional.
En Nación Red | La Junta Electoral con la partitocracia