LaLiga ha obtenido una autorización judicial que les permite monitorizar a cualquier usuario que utilice Ace Stream y herramientas similares para ver partidos
Este último año ha estado especialmente plagado de polémica en lo que al bloqueo de contenidos no autorizados por LaLiga se refiere. Y es que desde que la organización consiguió autorización judicial para identificar a todos aquellos usuarios que hacían cardsharing para retransmitir los partidos de LaLiga, los foros se han llenado con publicaciones de cartas con multas que han llegado a varias casas españolas.
En un primer momento, el mandato judicial iba dirigido únicamente a cardsharers, tal y como informa esta publicación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la posterior interpretación de Tebas de ese auto afirmando que también afectaría a usuarios finales, y el nuevo auto donde se especifica que todo usuario que utilice Ace Stream pueda quedar afectado, complicaba mucho más las cosas.
Un nuevo auto que permite a LaLiga obtener los datos de tráfico del usuario
De esta manera, actualmente LaLiga, en colaboración con las teleoperadoras, tienen el poder para identificar a cualquier usuario final que utilice Ace Stream para ver los partidos de LaLiga de manera no autorizada. No solo esto, sino que además de obtener la dirección IP, número de teléfono, dirección, tráfico web y más datos del usuario que infrinja los términos de ese mandato judicial, a los afectados les podría llegar una demanda de conciliación previa en forma de carta con una determinada suma de dinero a pagar por los daños.
La nueva autorización judicial permite que el organismo pueda identificar semanalmente las direcciones IP de los usuarios que accedan a sus contenidos utilizando plataformas como Ace Stream, un reproductor multimedia con características de IPTV que actualmente se encuentra bloqueado en España (por quejas desde LaLiga).
La razón por la que hemos conocido ahora esta autorización judicial es porque ha trascendido que LaLiga ha iniciado una nueva campaña de 'cartas multa', en las que pide 262 € a los usuarios de Ace Stream que haya logrado identificar visualizando partidos de fútbol a cambio de evitar una demanda.
En dichas cartas, se explica que LaLiga cuenta con "una herramienta informática que, entre otras funcionalidades, permite recopilar las direcciones de IP conectadas a un concreto canal o 'ID' de 'Ace Stream' en un momento temporal concreto".
Javier Prenafeta, abogado experto en derecho digital del bufete 451.legal, nos daba hace unos días una serie de consejos legales sobre cómo reaccionar a este tipo de cartas de LaLiga. Según Prenafeta, ni es obligatorio asistir a la conciliación, ni responder a las preguntas ni pagar el importe. De hecho, abonar el importe se podría interpretar como "una conformidad y reconocimiento de la actuación ilícita".
Además del propio reproductor de Ace Stream, existen multitud de sitios web y herramientas que utilizan el motor de este reproductor para que los usuarios puedan visualizar los partidos gratis de LaLiga. Recuerda, ahora LaLiga tiene todo el poder de monitorizar tu actividad y tráfico web si utilizas este tipo de herramientas. Y es que para el organismo, Ace Stream es “una nueva modalidad de piratería en la que todos los integrantes del esquema obtienen un beneficio económico mediante el acceso y la redifusión de los contenidos audiovisuales de LaLiga de forma ilícita”.
Además de utilizar el mismo reproductor de Ace Stream, los usuarios pueden acabar siendo monitorizados si utilizan herramientas como DuckVision (con retransmisiones basadas en Ace Stream), o add-ons de Kodi donde utilicen el motor de Ace Stream para la emisión de estos partidos, entre otros sitios web que hagan uso de esta misma técnica para la emisión de estos contenidos.
Estar expuesto a que LaLiga pueda obtener el tráfico web del usuario si se utiliza Ace Stream o alguna herramienta similar, significa que posteriormente el usuario podría recibir en casa una demanda de conciliación previa donde se le indique pagar una cantidad de dinero, cantidad que, según las cartas publicadas en foros, ronda desde 260 a 450 euros.
De esta manera, si el usuario opta por seguir utilizando estas herramientas para reproducir contenidos de forma no autorizada, la única baza para que la operadora no pueda obtener datos de su tráfico web es por medio de una VPN que enmascare su dirección IP y todo el tráfico pase por un túnel privado.
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