Por qué la nueva ley china de ciberseguridad perjudicará a las tecnológicas

Que la China se trata de un país tremendamente hermético y que su gobierno lleva a cabo una serie de prácticas que dificultan el acceso a la red es una realidad que hemos abordado de la mano de distintos artículos a lo largo de nuestra trayectoria. Una situación que se agravó en 2003, cuando el gigante asiático puso en marcha su llamado Proyecto Escudo Dorado, un gran cortafuegos encargado de vigilar y censurar la navegación en Internet y que obligó a los usuarios a recurrir a redes privadas virtuales o VPN.

Por desgracia, algunas de las más populares fueron bloqueadas a principios del año pasado. La decisión, desde entonces, no ha hecho más que agravar la situación del país, que ahora se enfrenta a una nueva ley de ciberseguridad; una normativa que, según los expertos, perjudicará a las empresas tecnológicas que operan en el país. Pero, ¿por qué? ¿Qué cambios introduce exactamente?

Así es la nueva ley

Así y después de que hace un año el borrador legislativo desatara cientos de críticas, la nueva ley ha salido adelante para estrechar el control de Internet, una norma que brinda al gobierno chino todavía más poder a la hora de obtener información, registros de mensajes, y hasta bloquear la difusión de determinados datos.

Sin embargo, no son los únicos inconvenientes que presenta, sino que, tal y como ya apuntaron algunos expertos en aquel momento tecnológico, la nueva ley amenaza con crear obstáculos innecesarios al comercio internacional e, incluso, con afectar tremendamente a ciertas empresas de tecnología pues, entre otros, incluye ciertas regulaciones que las obligarían a almacenar los datos en servidores ubicados en el país.

En concreto se refiere a los “operadores de infraestructuras críticas de información”. Un apartado que, según ha comentado Human Rights Watch al medio TechCrunch, no incluye una definición clara de estos, o sea, de los operadores de infraestructuras; lo que podría provocar que muchos negocios se vean incluidos en este “saco”.

La Ley de Seguridad Cibernética, además, obligará a los servicios de mensajería instantánea y otras compañías de Internet a hacer que sus usuarios se registren con sus nombres reales y brinden su información personal; y no solo eso, sino también a censurar contenido considerado como “prohibido”.

No obstante los inconvenientes citados, lo cierto es que la norma también hace honor a su nombre y obliga a las empresas a informar de sus “incidentes de seguridad en la red”, tanto al gobierno como a sus clientes. De hecho, incluso las obliga a “prestar apoyo técnico” a las agencias gubernamentales durante las investigaciones de este tipo. Por supuesto, esta ayuda tampoco queda concretada en absoluto en el texto.

En cuanto a la justificación del gobierno, este apunta a que la ley resulta necesaria “para evitar el terrorismo y la delincuencia”. De hecho, en el documento pueden leerse referencias explícitas que prohíben las “actividades dirigidas a derrocar el sistema socialista”.

Otras formas de control

Por otra parte y al margen de lo comentado, cabe destacar que el gobierno chino ha sido relacionado en múltiples ocasiones ya con prácticas de dudosa legalidad que atentan contra derechos de sus ciudadanos como el derecho al secreto de las comunicaciones, el libre acceso a la información y un largo etcétera que ya te puedes suponer.

De hecho y de manera más concreta, hace ya dos años que fue acusado de hackear las cuentas iCloud de sus ciudadanos. Una información que dieron a conocer desde Great Fire, una entidad que desde hace varios años monitoriza y está al corriente de este tipo de actividades. El gobierno, asimismo, también ha llegado a bloquear buscadores específicos como el de DuckDuckGo que, curiosamente, centra su funcionamiento en proteger nuestra privacidad.

Otras acusaciones relativamente recientes tienen que ver con el uso, por parte de las autoridades, del Big Data para conocer las opiniones políticas de sus estudiantes. Algo “necesario” en un estado en el que el desequilibrio tecnológico entre las zonas rurales y urbanas resulta patente y en el que resulta complicado recopilar y almacenar datos que reflejen el sentir de este colectivo.

Un asunto que quedó evidenciado tras la publicación del informe realizado por los Estudios en Educación Ideológica, una publicación difundida por el mismo Ministerio de Educación chino que sugería el uso de “grandes volúmenes de datos” para rastrear este sentir y que incluso llegaba a defender la elaboración de una suerte de “base de datos de ideología política” con información de los registros bibliotecarios, encuestas, reacciones en redes sociales, etcétera.

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