España cuenta con más de 750.000 interinos (según cifras del pasado mes de mayo) que han estado durante esta semana muy pendientes de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ubicado en Luxemburgo. En España hay muchísimas personas que pasan largos años de su vida con contratos temporales dentro del sector público y esta nueva sentencia puede traducirse en un cambio en estas dinámicas.
El mencionado Tribunal ha dictaminado esta semana que los interinos de larga duración, es decir, que llevan años en estas circunstancias de temporalidad, deban pasar a ser fijos sin que sean considerados funcionarios. Al mismo tiempo, la sentencia ha señalado que no haya sanciones en la legislación de nuestro país para castigar tales abusos.
Lo importante de esta sentencia es saber qué significará para los miles de trabajadores españoles que llevan años sufriendo de esta inestabilidad laboral. Por el momento, está en manos de los tribunales españoles la interpretación de la sentencia.
Cuál es el problema de los interinos en España
La sentencia cubre concretamente el caso de tres trabajadoras de la administración pública catalana que llevan más de una década encadenando contratos en el sector público. Concretamente, estas trabajadoras acumulan más de 37, 33 y 19 años de experiencia respectivamente en la Administración catalana.
De todos modos, el fallo del TJUE puede tener consecuencias para cientos de miles de personas en situación similar. Profesionales de oficina, enfermería, medicina, educación y cualquier otro ámbito dentro del sector público.
El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la UE avaló que las personas en estas circunstancias de 'interinas' deban pasar a ser fijas, pero sin ser consideras funcionarias. El fallo insiste en que la legislación no contempla sanciones para castigar esos abusos.
No hay que olvidar que en el pasado mes de febrero otra sentencia obligababa al Gobierno de España a hacer fijos a todos aquellos empleados que llevaran más de tres años prestando servicios en una plaza vacante. Por otro lado, desde diciembre de 2021 está en vigor la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Qué se espera que pase ahora
Esta nueva resolución, explican desde Abogacía Española, llega tras el rechazo del Tribunal Supremo en mayo de este año a aplicar esta misma sentencia que lanzó el TJUE el pasado 22 de febrero sobre el caso de tres trabajadoras españolas.
Silvia Gambarte, abogada que consiguió en marzo que un juzgado de Madrid declarara fija a una trabajadora de la televisión pública, que encadenó hasta cinco contratos por obra o servicio, afirma que si la sentencia de febrero del TJUE ya era un aviso de cómo había que hacer las cosas, la de hoy supone un refuerzo:
“Los juzgados españoles tienen que sancionar de alguna manera la temporalidad de estos empleados y la única forma es convertirlos en indefinidos. Suponía una gran inseguridad jurídica para los trabajadores que encadenaban fraudulentamente contratos”.
Imagen | Foto de Ani Kolleshi en Unsplash
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