El Boletín Oficial del Estado de este jueves ha publicado el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), el máximo órgano del Estado en materia de seguridad nacional.
Este nuevo texto actualiza uno similar aprobado hace un año y que viene a recoger el Plan de acción contra la desinformación comunitario presentado por la Unión Europea hace dos años y en vigor desde 2019 con el objetivo de garantizar el desarrollo de procesos democráticos, aunque no solo, sin injerencias.
El procedimiento de actuación contra la desinformación de España, por tanto, emana del plan europeo que plantea desarrollar sus capacidades contra el fenómeno de las noticias falsas desestabilizadoras y regula su proceder.
Esencialmente, pone el foco en un comité permanente coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional que asegurará la coordinación entre ministerios en este asunto y el establecimiento de cuatro niveles de activación del sistema dependiendo de la gravedad de una campaña de desinformación y sus efectos.
Hablamos de campañas que pueden nacer en redes sociales y extenderse a medios de comunicación o plataformas digitales. El procedimiento no centra su foco en ningún instrumento comunicativo particular, pero si desliza la lucha contra la desinformación tiene como principales responsables a "los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales", asegurando que así lo considera la ciudadanía.
Con el CNI y el Gobierno, pero sin periodistas ni medios de comunicación
El Comité Permanente contra la desinformación que establece este procedimiento aprobado el pasado 6 de octubre está coordinado por la Secretaría de Estado de Comunicación, dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional, como decíamos, y compuesto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dependiente del Ministerio de Defensa, el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
No habrá presencia en él ni de periodistas trabajando en medio de comunicación ni de las propias empresas dedicadas a la información, tampoco de plataformas digitales como redes sociales, pese a que el texto sí contempla que las autoridades puedan "solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación".
La colaboración de la prensa se hace necesaria en un asunto como el de la lucha contra las noticias falsas y el propio procedimiento así lo reconoce aludiendo a su "papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación". Papel que también desempeñan las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, expone el procedimiento.
Los cuatro niveles de activación del sistema para la detección de campañas desinformación y análisis de su impacto
Cuatro niveles de activación que sirven "tanto para detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas".
El nivel 1 permite actuar a nivel técnico con el objetivo de "detectar, realizar la alerta temprana y notificar su comunidad de referencia". Es decir, comprende específicamente el rastreo y monitorización de las redes y canales de comunicación para la detección de las campañas que pretende combatir. También comprende la participación en el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea y la valoración para elevar el nivel o descartar el peligro.
En el nivel 2, una vez detectada una campaña de desinformación, entra en juego la Comisión Permanente contra la desinformación que llevaría a cabo un seguimiento y evaluación de la misma. También se propondrían actuaciones, podría activarse si fuese necesario una célula de coordinación y se decidiría si elevar el nivel y tratamiento de la campaña o realizar "una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación".
El nivel 3 comprende "información al nivel político-estratégico" a cargo de la Secretaría de Estado de Comunicación, así como el seguimiento y evaluación de alerta por parte del Comité de Situación o Comunicación pública acordada según orientaciones del Comité de Situación, órgano para la gestión de crisis del Consejo de Seguridad Nacional.
Por último, el nivel 4, establece la "coordinación de la respuesta a nivel político" por parte del CSN en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado. Una situación como la que se pudo dar en las elecciones estadounidenses o el referéndum sobre el Brexit de 2016.
Pero... ¿Qué es para este procedimiento y, por tanto, para el Gobierno de España, lo que llamamos desinformación? En el primer apartado, dedicado a la argumentación y el contexto, el procedimiento cita la definición de la Comisión Europea que la define como la "información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público". Un daño que puede hacerse a un proceso democrático, como unas elecciones, pero también a bienes públicos como "la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros". Además, más allá de contrarrestar, no se especifican medidas estrictamente censoras.
Estos son los objetivos de este procedimiento gubernamental contra la desinformación
El texto aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y firmado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, defiende que las acciones y procesos establecidos buscan ayudar a "a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido".
Dice que estas acciones "apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las administraciones en el marco de la comunicación pública" y pretende también sensibilizar sobre la problemática general de la desinformación, reforzada con el argumento de la infodemia sufrida con motivo de la pandemia por coronavirus, a organismos tanto públicos como privados.
Los objetivos concretos del procedimiento son los siguientes:
- Identificar y definir los órganos, organismos y autoridades del sistema.
- Establecer los niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta, y evaluación.
- Describir los cometidos específicos implicados para los niveles establecidos en la lucha contra la desinformación.
- Definir los mecanismos establecidos para el intercambio de información en los niveles estratégico, operacional y técnico.
- Determinar los mecanismos de evaluación de la implementación y funcionamiento del procedimiento.
- Definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos.
- Proponer el marco y la composición de un equipo de trabajo ad hoc para la elaboración y revisión de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.
El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha acusado al Ejecutivo de querer decidir qué es una fake news y ha pedido la retirada de la orden ministerial publicada hoy por el BOE. Pablo Montesinos, su vicesecretario de Comunicación, ha tildado de "auténtico escándalo" el asunto tras la publicación del procedimiento y ha dicho que el Gobierno se arroga así "la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera". También ha pedido que se sienten con las asociaciones de periodistas y profesionales de los medios de comunicación.
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