Desde el 7 de septiembre de 2021, la criptomoneda bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador, como el Gobierno aprobó hace ahora dos años, en junio de 2021, tan solo un par de días después de que el presidente hiciese esa propuesta.
Este anuncio convirtió al país centroamericano en el primer país donde el bitcoin es una moneda de curso legal (el pasado año el bitcoin pasó a ser moneda oficial en la República Centroafricana, aunque luego la abandonó). Las protestas generadas en El Salvador no frenaron esta decisión.
Y no lo consiguen hacer aunque con el paso del tiempo el descontento sigue. El desplome que el bitcoin vivió en 2022 (ahora se recupera lentamente), no ayuda, claro está. Aún así, el gobierno se empeña en seguir invirtiendo en la criptomoneda más conocida.
Comprar un bitcoin cada día
El Salvador compró 2.381 bitcoins a un precio medio de 43.300 dólares cada uno hace dos años. En junio de 2022 se hizo con otros 80 bitcoins a un precio medio de 19.000 dólares cada uno, tras las enormes pérdidas.
Y en octubre de 2022, Bukele anunció que empezaría a comprar un bitcoin al día, sin importar cuál fuese su valor en cada momento. Hace falta aquí decir que la opacidad del gobierno sobre el uso de fondos públicos hace muy difícil saber el avance.
Según su Instituto Universitario de Opinión Pública, hecho a finales de 2022, solo un 3% de la población afirmó que su situación económica había mejorado desde que llegase el bitcoin al país.
Solo el 24% de la población había usado Bitcoin para comprar o hacer pagos, el 77% consideraba que el gobierno no debía seguir gastando dinero público en Bitcoin y el 66% consideraba que esta decisión y sus consecuencias eran un fracaso.
Por otro lado, según un estudio del National Bureau of Economic Research, solo una quinta parte de los salvadoreños que descargaron la aplicación Chivo Wallet la usaron después de gastar los 30 dólares que el gobierno daba a quien descargase la app, hace un año.
Falta de transparencia
Aunque solo una pequeña parte han visto que su economía ha mejorado (y podría ser la élite de un país marcado por sus amplias desigualdades sociales y económicas), el gobierno salvadoreño sigue afirmando públicamente que su apuesta ha sido buena: dicen haber pagado a tiempo uno de los bonos pendientes, una deuda de 800 millones de dólares.
Sin embargo, la correlación entre el pago de esa deuda y la compra de bitcoins no es fácil verla. Como explica Xataka, incluso si el país tuviera 3.000 bitcoins (recordemos que no hay transparencia sobre cuántas hay) las plusvalías de cada moneda tendrían que ser superiores a los 260.000 dólares, cifra que no está cerca de su valor unitario.
A principios de año, Bukele consiguió que la Asamblea Legislativa de su país, de mayoría oficialista, aprobara una inédita y controvertida Ley de Emisión de Activos Digitales con el objetivo de "proteger los derechos de los compradores y emisores de activos digitales en El Salvador".
La polémica está, como explicaba BBC en ese momento, en que no es fácil en este momento para El Salvador pedir dinero prestado en los mercados internacionales a una tasa de interés conveniente porque es considerado como un país de alto riesgo en inversiones. Y esta ley puede llevar a que inversores privados le prestan dinero al país a la espera de obtener una rentabilidad en un determinado período de tiempo.
También hay que recordar que en primavera una pareja de estadounidenses, inversores y excéntricos ‘lobistas’ de la moneda digital fueron designados por el presidente como los burócratas al frente de la nueva Oficina Nacional del Bitcoin.
Vía | Xataka
Imagen | Esaú González en Unsplash
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