Todos sabemos lo que ocurrió en las oficinas del satírico Charlie Hebdo en París, un hecho terrible que momentáneamente unió a todas las fuerzas políticas en todo el mundo. Pero ahora llegan las reacciones a largo plazo: la legislación francesa está estudiando aprobar un proyecto de ley que aumentaría los poderes que tendría el gobierno para vigilar a sus usuarios.
Dicho proyecto de ley se puede consultar online (si sabemos francés), y a grandes rasgos describe cómo podrían otorgarse poderes al gobierno de Francia para vigilar a sospechosos de terrorismo y sus contactos a base de leer sus correos o escuchar sus llamadas telefónicas. Todo ello sin la necesidad de pedir permiso a los jueces, y con derecho a conservar grabaciones durante cinco meses y metadatos durante cinco años.
El proyecto de ley está impulsado por el primer ministro francés Manuel Valls, quien ya defendió que el gobierno debería vigilar más las redes sociales y los mensajeros de la red para poder luchar de forma más eficaz contra el terrorismo. Ahora afirma que esto no es el equivalente a la Patriot Act que se desplegó en los Estados Unidos tras los atentados del 11S, y que se está hablando solamente de vigilar a los sospechosos y no "una vigilancia masiva de los ciudadanos".
"Este proyecto de ley no tiene nada que ver con las prácticas reveladas por Edward Snowden", dice el primer ministro francés
Valls ha insistido en este aspecto, diciendo que Francia no quiere hacer nada parecido a lo que se ha visto expuesta la NSA y que "este proyecto de ley no tiene nada que ver con las prácticas reveladas por Edward Snowden". Pero por supuesto tenemos el punto picante de siempre: ¿quién tiene el poder para elegir quién es sospechoso (y por lo tanto sujeto a esa vigilancia) y quién no? Según el proyecto, todos los datos se mantendrían en el anonimato y que sólo los patrones de datos que pueden ser sospechosos de terrorismo se registrarían.
Grupos activistas acusan el proyecto de ley de no concretar bien este último punto, diciendo que podría implicar a civiles en lo que serían violaciones de su privacidad. También argumentan que se daría "un poder desproporcionado" al Primer Ministro, que sería el que recibiría el consejo de un grupo de nueve personas que gestionarían las vigilancias.
"Las ISP se convertirían en espías"
Privacy International, ONG de Londres que ya dijo la suya en el caso del spyware adquirido por la DEA, nos deja clara su opinión y pide que se revise el proyecto:
De repente, te encuentras en un sistema en el que el gobierno tiene poderes y controles absolutos de los servicios de inteligencia. Si hemos aprendido algo de la historia, es que dar poderes absolutos a un gobierno para vigilar a sus ciudadanos no es una buena idea.
Incluso las propias operadoras de internet se han visto sorprendidas por las medidas que propone el proyecto de ley, ya que en él se les pide que filtren el tráfico automáticamente mediante algoritmos que monitorizarían el tráfico de los sospechosos. Además, la "constante" intrusión de los gobiernos en sus redes podría convertirse en un infierno de burocracia y órdenes.
Recordemos que esto es un proyecto de ley, y que por lo tanto todavía no está vigente y tendrá que someterse a votación para aprobarse. De todas formas, fijaos en el gráfico que ha publicado la agencia CSA y que reproduzco arriba: muestra que un 63% de la población francesa apoya una "limitación de sus libertades individuales en internet en nombre de la lucha contra el terrorismo". Veremos si el gobierno tiene esa misma opinión.
Imagen | Moyann Brenn, Miki
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