ACTA es el motivo de iniciar esta serie de artículos. El nombre de Acuerdo de Comercio Anti-falsificaciones (Anti-counterfeiting Trade Agreement) esconde un conjunto de instrucciones redactadas por el Representante de Comercio de Estados Unidos, y negociadas con otros países de forma secreta, que se presenta como mecanismo para acabar con las exportaciones de material falsificado. Tiene un capítulo dedicado a Internet.
El capítulo se ha filtrado hace un par de días, y confirma las peores sospechas que había. ACTA pretende que los proveedores de acceso a Internet y los prestadores de servicios sean responsables de proteger los derechos de propiedad intelectual de la industria del entretenimiento de EEUU. Para ello, proveedores y prestadores tendrían que espiar y filtrar las comunicaciones de sus usuarios, si no quieren ser ellos los que carguen con las culpas por lo que los usuarios hagan.
Además, los proveedores de acceso tendrían que implementar “voluntariamente” mecanismos de tipo “tres avisos”: si detectan supuestas infracciones de copyright, deben dar varios avisos al usuario en cuestión, y al tercero cortarle la conexión.
En resumen, que para satisfacer las demandas de las corporaciones del entretenimiento estadounidenses, se fuerza una modificación sustancial de la estructura de Internet: censura, filtrado de comunicaciones y cortes de acceso “preventivos”, todo sin que un juez dictamine sobre ello.
¿Y qué pasa si el gobierno de un país decide no acogerse al ACTA? Pues teniendo en cuenta que se trata de un acuerdo de comercio, se arriesga a perder el mercado estadounidense como cliente, o a recibir penalizaciones en sus exportaciones hacia allí.
En el fondo, es tratar de imponer al resto del mundo su propia ley de protección de propiedad intelectual, la Digital Millennium Copyright Act o DMCA. Entre otras cosas, esta ley impide que puedas saltarte cualquier protección que tenga un DVD, incluso si la intención es la de poder pasar a tu propio iPod una película que has comprado, por poner un ejemplo. O reproducirla en un PC con Linux, para los que no había reproductores oficiales.
Gracias a la DMCA, las empresas de entretenimiento de Estados Unidos chapan vídeos de YouTube por supuestas infracciones de copyright, sin que los jueces tengan que pronunciarse. Si alguien ve similitudes con la “Ley Sinde” es porque las hay. Aunque el mecanismo legal sea diferente, las capacidad de maniobra que otorgan a la industria del entretenimiento es igual de efectiva.
Para la Electronic Frontier Foundation (EFF), la DMCA en sus 10 años de historia ha logrado de todo menos su teórico objetivo, el de acabar con la llamada “piratería en Internet”. A cambio, según la EFF, ha limitado la libre expresión y la investigación científica, ha reducido el alcance de los “usos justos” (como el caso de los reproductores de DVD para Linux), impedido la competencia y la innovación (Apple usó la DMCA para evitar que RealNetworks vendiera música para iPods) y ha interferido con las leyes de intrusión en ordenadores.
Pero ACTA no es el primer intento del Departamento de Comercio estadounidense de imponer sus leyes a otros países. De hecho, España lleva cuatro años incluida en la “Lista 301”, un informe sobre el estado de los derechos de propiedad intelectual que reúne a los países que, según este departamento, menos luchan contra la “piratería en Internet”. El texto del informe es de una prepotencia tremenda. En el informe de 2009 se afirmaba lo siguiente:
El Gobierno español ha realizado un esfuerzo mínimo para cambiar la extendida y errónea percepción que existe en España de que compartir archivos por los sistemas p2p es legal.
¿Perdón…? Quizás no sea legal bajo la DMCA, pero en España sí es legal. Incluso si habláramos de compartir archivos sujetos a propiedad intelectual (que no es el caso), hasta ahora la fiscalía española no ha considerado que esto sea ilícito bajo la legislación española actual. Dándole la vuelta a la tortilla (española y con cebollas), ¿no deberíamos recordarle al Departamento de Comercio que el gobierno estadounidense no ha hecho esfuerzos para cambiar la extendida y errónea percepción de que la pena de muerte es legal?
Aparecer en esta “lista negra” no es bueno para las relaciones comerciales de un país, por supuesto. En la Lista 301 de este año, son consideradas como “alentadoras” la Ley de Economía Sostenible y la creación de la Comisión de cierre de páginas sin juez (o con juez que no entra en el fondo del asunto). Sobre esto, sólo me queda remitirme al #Manifiesto.
Volviendo a ACTA, en Europa tenemos un rayo de esperanza. El Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), institución independiente que protege la privacidad y datos personales de los ciudadanos, ha emitido una dura crítica sobre las negociaciones de ACTA. En ellas, expresa su preocupación por las políticas de “tres avisos” y filtros para Internet propuestos en el documento desvelado de ACTA, e indica que entran en conflicto con derechos fundamentales de los ciudadanos garantizados por la legislación europea.
Es un fuerte revés para las negociaciones, porque ahora los estados miembros deberán oponerse públicamente a que estas restricciones se mantengan en el acuerdo. Al menos, el que este apartado de ACTA haya salido a la luz ha servido para activar los mecanismos de defensa, y que instituciones como EDPS puedan pronunciarse públicamente en contra, y con argumentos de peso.
Más información (ACTA) | Dossier de La Quadrature du Net: texto filtrado y respuesta de EDPS, Enrique Dans, Versvs
Más información (DMCA) | EFF
Más información (Lista 301) | El Bidorto, Público
Imagen | Tira de FoxTrot sobre la DMCA
En Genbeta | Especial Internet Amenazada
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